Las SAPEM: una política pública exitosa

Para definir si una política pública es exitosa debe evaluarse si los objetivos por los cuales fue ideada y ejecutada se cumplieron. En el caso de “la política de las SAPEM”, como generalmente se denomina a la intervención económica del Estado Provincial a través de empresas con participación estatal mayoritaria, las razones de su creación fueron: generar puestos de trabajo e incrementar la actividad económica de la provincia de La Rioja.

Generar puestos de trabajo:
El conglomerado de empresas estatales albergaba 2.217 trabajadores en forma directa al 30 de Abril del 2016 y se estiman que 4.000 en forma indirecta.

En el caso de los trabajadores directos nos referimos fundamentalmente a empleados en relación de dependencia, registrados bajo un Convenio Colectivo de Trabajo.

En el caso de los trabajadores indirectos se estima que se crearon aproximadamente 4.000 empleos. Dentro de este segmento se consideran fundamentalmente proveedores de bienes y servicios que al ver incrementada su actividad debieron tomar personal. Por ejemplo, en el caso de Agroandina, al incrementarse la demanda de tomate, se incrementan la cantidad de personas involucradas en el mantenimiento de las diversas fincas productivas, fleteros, personal que provee insumos a estos mismos proveedores, y así sucesivamente.

Es importante detenerse en un punto. Existen 34 empresas estatales, que llevan adelante diferentes actividades, cada una con su pertinente Convenio Colectivo de Trabajo y con empleados en diferentes posiciones jerárquicas dentro de cada empresa.

Consideremos que, aproximadamente, un sueldo promedio de un trabajador amparado en un Convenio Colectivo de Trabajo se encuentra en $10.000, con lo cual su costo laboral total, al considerar aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, Obra Social, ART, y demás conceptos obligatorios, escala aproximadamente a $15.000.

La multiplicación de los trabajadores directos e indirectos indicados en el párrafo anterior, por el costo laboral, nos da como resultado $93.255.000 mensuales, una cifra importantísima para la economía local.

Siguiendo lo que tradicionalmente ha sucedido en la Provincia, es que, en caso de que no existieran las empresas estatales, el Estado terminaría absorbiendo esa mano de obra. Hoy, más de $90.000.000 mensuales de gasto extra en salarios para el Estado, significarían una carga muy pesada, que seguramente repercutiría en una peor provisión de los servicios que presta, tales como seguridad, salud, educación, justicia, etc.

Incrementar la actividad económica local:
Claramente las SAPEM han incrementado la actividad económica local.

Considerando la suma de todos los últimos balances contables aprobados de todas las SAPEM, en su mayoría del año 2014 y algunos del 2015, el monto de ventas anuales asciende a casi $972.345.372, es decir casi mil millones de pesos.

Se estima que las ventas actuales se encuentran en aproximadamente $2.000.000.000 anuales, siempre sin contar el Nuevo Banco de La Rioja, que por su manera de contabilización particular es mejor no incorporarla a los efectos de no distorsionar el agregado.

Esto convierte a este conglomerado de empresas vinculadas a través del Estado, en uno de los grupos económicos más importantes del Norte Argentino y de los más importantes en la conformación del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de La Rioja. 

Respecto de este, es de gran importancia remarcar que el mismo, al haber nuevas inversiones, en este caso, promovidas y soportadas por el Estado, aumenta. Al aumentar el PBG global, incrementa el PBG per cápita, lo que contribuye a ir alejándonos de la situación de postergación y pobreza a la que está sometida la región Norte del Pais.

Además, el dinero que se canaliza a través de las SAPEM se utiliza para agregar valor a materias primas, generando un mayor precio de los bienes y servicios que se comercian y llegando luego a las familias riojanas vía sueldos. Si no se efectuara este agregado de valor, no sería posible soportar los más de $90.000.000 en costo salarial a los que aludimos en el primer acápite.

También este esquema de empresas productivas, en donde se busca la producción local de bienes y servicios, incrementa la velocidad de circulación del dinero en la economía, en contraposición a la situación histórica provincial, en la cual el dinero llegaba como transferencia desde Nación, y se iba rápidamente del ámbito geográfico provincial vía consumo de bienes y servicios de los asalariados locales, que en su gran mayoría son públicos. Recordemos que la velocidad de circulación del dinero se mide de acuerdo al número de veces que una unidad monetaria se utiliza durante un año en una economía, en este caso la Provincial. El esquema SAPEM permite que esa unidad monetaria genere varias transacciones dentro de la geografía provincial antes de emigrar vía compra de bienes y servicios producidos en otras jurisdicciones.

Conclusión:
Lamentablemente La Rioja es una de las provincias más postergadas del país. Esto se puede observar en situaciones de extrema pobreza, carencias sanitarias, educativas, institucionales y de infraestructura a nivel social y familiar.

Es imperativo que todos los actores sociales debatan con honestidad y franqueza las mejores vías para lograr en el menor tiempo posible el desarrollo que todos los habitantes de la Provincia esperamos. En este sentido, discutir los beneficios o no de una determinada política pública es el basamento fundamental para construir el anhelado desarrollo.

Sistemáticamente se hace foco en quienes encarnan las políticas públicas, pero este escrito evalúa el éxito o no de una política pública específica. Para ello, considera los objetivos que se tuvieron en mira al llevarse a cabo y si estos se han cumplido. Más allá de que siempre se pueden hacer las cosas mejor, el hecho cierto de haber generado más de 6.000 puestos de trabajo, soportando más de  $90.000.000 en costo laboral, y un movimiento económico cercano a los $2.000.000.000 son determinantes para concluir que la Provincia debería continuar y profundizar la política de inversión pública productiva.