La polémica es por la decisión del cuerpo deliberativo de aprobar una rebaja del 30% en los gravámenes que pagan los comerciantes capitalinos, el Ejecutivo vetó la norma porqué sostuvo que desfinancia las cuentas comunales. Implica un 18% del presupuesto de ingresos por tasas que tiene la Municipalidad.
La pelea entre el municipio, los concejales y los comerciantes por la rebaja en las tasas que propuso el cuerpo deliberativo implica $80 millones y un 18% del presupuesto de ingresos por recaudación propia de la comuna para este año.
El conflicto se desató luego de la ordenanza que sancionaron los ediles para beneficiar a los comerciantes en medio de la crisis de consumo que se vive y que fue vetada por el Ejecutivo. La medida implicaba un descuento del 30% en los gravámenes que pagan los comercios capitalinos.
El presupuesto 2019 del municipio riojano determina que la comuna espera recaudar por las tasas que pagan los comerciantes este año: $2,8 millones por la Contribución sobre la ocupación del dominio público, $68,7 millones por la Tasa de inspección sanitaria, $86,6 millones por la tasa de seguridad y $127,6 millones por la tasa de alumbrado. Cabe aclarar que en el caso de la tasa de alumbrado también están incluidos los frentistas que no poseen emprendimientos comerciales.
Esos gravámenes suman poco más de $280 millones y reducir el 30% de esos items implican los $80 millones en disputa que publicamos en esta nota de economiariojana.com.ar y que toma como base el esquema de gastos municipales del año en curso.
Desde la comuna sostienen que ese descuento que proponían los ediles implicaría un desfinanciamiento de las cuentas del Gobierno que encabeza el intendente Alberto Paredes Urquiza.
En números el descuento significaría un poco más del 18% del total que espera recaudar este año la Municipalidad. La cifra surge de tomar en cuenta que la comuna espera acumular en este 2019 un total de $447 millones de pesos por recaudación propia y el descuento determinaría los ya mencionados $80 millones.
Por otra parte, desde el Gobierno comunal se reclama que la misma medida se tome por parte de la Provincia o del Gobierno nacional, haciendo referencia a que la presión impositiva de esos Estados sobre los comercios riojanos es mayor que la municipal.
